México, Colombia, Guatemala y Perú registran las cifras más altas de personas desaparecidas en Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por este problema y por la falta de justicia y esclarecimiento de casos registrados hace más de 50 años.
Las causas de desapariciones en Latinoamérica se relacionan con regímenes dictatoriales, los conflictos armados internos o el narcotráfico, por lo que en muchos casos ha sido compleja la contabilización, a lo que se suma los efectos migratorios por ejemplo, en Centroamérica y México.
La ONG Latinoamérica Derechos Humanos indica que algunas entidades oficiales cifran en más de 200.000 los desaparecidos solo durante las últimas dos décadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su especial preocupación por la situación en México considerándolo el país iberoamericano con más casos de desaparecidos y uno de los más afectados mundialmente.
Este mes el Gobierno mexicano confirmó 37.485 casos oficiales de personas desaparecidas.
Entre enero de 1938 y julio de 2017 en Colombia desaparecieron 124.697 personas, de las que 87.054 aún no han sido encontradas, de ellas 25.140 fueron víctimas de desaparición forzosa por el conflicto armado. Tras la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016 se ha logrado avanzar en la búsqueda de cientos de víctimas.
El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) documentó 353.531 hechos que le permitieron determinar que el conflicto armado dejó 80.514 desaparecidos, de los cuales de 70.587 aún no se tienen noticias.
En Guatemala se estima que hay unas 45.000 personas en paradero desconocido por la guerra civil (1960-1996), en el que unas 200.000 personas fueron asesinadas y un millón sufrieron desplazamiento interno.
La guerra civil que asoló Nicaragua en los años 80 dejó al menos 50.000 muertos y un total de 150.000 víctimas, en cuanto a los desaparecidos su número nunca se logró establecer con precisión.
En la actual crisis social y política que atraviesa el país desde abril pasado, un total de 1.428 personas han sido «secuestradas» por parapolicías, de las que 125 ya fueron encontradas, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
En los años 80, Honduras registró 183 casos de desaparecidos en la última etapa de los Gobiernos militares sin que hasta ahora se haya hecho justicia, mientras que en El Salvador ya son más de 10.800 en medio de la violencia atribuida a las pandillas.
En Panamá hay una comisión que fue instalada a mediados de 2016 y tiene plazo hasta abril de 2019 para la esclarecer el paradero de los desaparecidos durante la invasión de ese país por parte de EE.UU. (1989-1990) que se cree que dejó entre 500 y 5.000 muertos.
Las desapariciones en República Dominicana se vinculan a la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina (1930-1961) y a los Gobiernos de Joaquín Balaguer (1966-1978 y 1986-1996), y los activistas de derechos humanos cifran los casos entre 20.000 y 30.000 entre ambos regímenes.
En Argentina, durante la última dictadura militar (1976-1983) se registraron 8.754 casos denunciados formalmente, mientras que los que no fueron denunciados suman 785 víctimas, según datos del Gobierno, pero las ONG aseguran que estos ascienden a 30.000.
En Chile, las desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) llegaron a 3.200, de las cuales 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos.
En Bolivia, bajo el régimen militar se contaron 468 víctimas, pero actualmente por trata y tráfico de seres humanos, la Fiscalía General data que entre 2012 y 2017 se reportaron 3.000 casos.
Aunque Paraguay no cuenta con un registro abierto sobre denuncias, el país recuerda a los 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
En Uruguay el tema de los desaparecidos tiene una relación directa con la dictadura cívico-militar (1973-1985), según varias organizaciones los casos superan los 200 y las capturas ocurrieron no solo en el país sino en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay en el marco del Plan Cóndor.
Ecuador tiene un registro de 47.000 denuncias, desde los años setenta hasta junio pasado, de las que 45.899 personas han sido ya localizadas y 1.495 están aún en investigación.
Según datos oficiales, en Perú se calculan 20.329 casos durante el periodo de violencia interna 1980-2000, de esa cifra se desconoce el paradero de 13.764 personas, mientras que de 5.700 se conoce el paradero, pero no se tiene certeza legal de su muerte.
Brasil registró en 10 años un total de 786.081 desaparecidos, pero no por causas políticas o forzosas, mientras que tan solo el año pasado fueron notificados 82.684 casos.
El Estado venezolano no ofrece reportes de personas desaparecidas y solo se conocen situaciones puntuales que se hacen públicas por la irregularidad de las circunstancias o por familiares que denuncian la desaparición de sus seres queridos
