l peruano Pedro Castillo están en prisión y como expresidente de su país. Tachado incluso por sus excompañeros como golpista, se ha sumado a la larga lista de mandatarios electos de su país que han sido arrestados por distintas razones.
Y es que en Perú ganar en las urnas es casi sinónimo de terminar en prisión. Como compañero de prisión en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), Castillo tiene al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
El caso de Fujimori, quien llegó a la Presidencia -al igual que Castillo- apoyado por los sectores populares frente al escritor Mario Vargas Llosa, visto en su época como la voz aristocrática, es probablemente el más célebre.
«El chino», como era popularmente conocido pese a ser hijo de emigrantes japoneses, tiene más paralelismos con su compañero de prisión.
En 1992 perpetró un autogolpe de Estado rechazado por la comunidad internacional -aunque con un fuerte apoyo de la ciudadanía peruana- cuyos ecos resonaron con fuerza este miércoles, cuando Castillo ordenó cerrar el Congreso e instalar un Gobierno de emergencia.
En la década conocida como «Fujimorato», abundaron los casos de corrupción y el expresidente fue condenado por delitos de lesa humanidad, acusado de casos escabrosos incluso por su exesposa.
Como Castillo, fue destituido por «permanente incapacidad moral» por el Congreso, que no aceptó una renuncia que había enviado Fujimori por fax tras huir del país.
EL CASO ALAN
Si Fujimori es sinónimo de autoritarismo para los peruanos, y los medios -incluso los más conservadores- lo tachan de «dictador», para muchos Alan García lo es de «corrupción».
El mandatario dirigió el país en dos periodos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.
Llegó a la Presidencia en 1985 con una reconversión monetaria bajo el brazo y una nueva divisa el inti. Esa moneda, como esos años, se convirtieron en sinónimo de hiperinflación y devaluación.
Y sin embargo, la figura política más determinante de los últimos años junto a Fujimori es recordada sobre todo por su final.
García se quitó la vida en 2019 cuando las autoridades tenían en marcha un operativo para detenerlo en Lima. El político era investigado por un caso de corrupción vinculado a Odebrecht.
El nombre de esa empresa brasileña se convirtió en el otro gran hilo conductor de la política peruana en el siglo XXI.
Ollanta Humala (2011-2016) es el último mandatario electo que ha terminado su mandato, pero, un año después de salir del Palacio de Gobierno, ingresó a prisión de manera preventiva por los tentáculos del caso Lava Jato.
Fue el primer mandatario no brasileño en entrar en prisión por ese caso por el que ahora espera juicio en libertad.
El Poder Judicial dispuso en noviembre reprogramar la toma de las declaraciones a los ejecutivos de Odebrecht para enero de 2023 en el caso de Humala.
La reprogramación fue acordada días después de que el Ministerio Público Federal de Brasil acordara la suspensión del acuerdo de cooperación jurídica con el Estado peruano en el caso de megacorrupción Odebrecht tras una solicitud de la empresa.
«La decisión se tomó como respuesta a una demanda de Novonor, antigua Odebrecht, que denunció la violación por parte de las autoridades peruanas del acuerdo firmado entre ambas partes, que incluye la ‘no utilización de pruebas producidas en Brasil’ contra la empresa en aquella jurisdicción», comunicó a la agencia de noticias.
A LA ESPERA DE TOLEDO
Tras Fujimori, y el periodo de transición encabezado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo fue elegido como presidente, un cargo que ejerció entre 2001 y 2006.
Actualmente se encuentra en Estados Unidos y Perú solicitó su extradición pero, entre tanto, el país norteamericano adelantó que entregará a Perú más de medio millón de dólares en dinero confiscado al expresidente, investigado por corrupción en el caso Odebrecht.
El exmandatario peruano es procesado por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en relación con contratos concedidos a Odebrecht para la construcción de la Ruta Interoceánica entre Brasil y Perú.
De acuerdo con la Justicia estadounidense, Toledo usó unos 1,2 millones de dólares obtenidos a través de los sobornos para comprar propiedades en el estado de Maryland. Los fondos incautados provienen de las ganancias de la venta de esas propiedades.
Por el caso criminal contra Toledo, la Fiscalía peruana solicitó 20 años y 6 meses de cárcel.
El penúltimo presidente electo peruano, Pedro Pablo Kuczynski, también fue sometido a arresto domiciliario por el caso Odebrecht, una medida suspendida en abril pasado.
El exmandatario es procesado en este caso por las presuntas transferencias de dinero de la constructora brasileña Odebrecht a sus empresas Westfield Capital, First Capital y Latin America Enterprise, cuando se desempeñaba como presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas, entre 2002 y 2006, en el Gobierno de Toledo.
En ese periodo, Odebrecht obtuvo la concesión de los proyectos de infraestructura Trasvase Olmos e IIRSA Sur – Tramos 2 y 3.
Además, Kuczynski es investigado por las transferencias de dinero a una cuenta bancaria suya, entre 2007 y 2015, cuando participó en dos campañas electorales presidenciales
