Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha defendido este domingo, negando las acusaciones de corrupción que han denunciado medios locales y por las que se encuentra actualmente investigado.

«Frente a los señalamientos que se han hecho en mi contra en los últimos días me permito informar de que me encuentro en total disposición de comparecer ante los entes de control y ratificar mi inocencia», ha indicado, según se puede leer en un comunicado difundido por sus redes sociales.

Petro, que también es diputado en la Asamblea del departamento de Atlántico, ha querido «aclarar a la opinión pública y medios de comunicado que los dineros en cuestión no tienen procedencia ni de la mafia, ni de la corrupción, ni de ninguna actividad ilícita»: «Eso lo corroboraré ante la Justicia, como corresponde», ha aseverado.

Además, ha criticado a los medios de comunicación que han «vulnerado» su «espacio de residencia, sin autorización o previa conversación», ya que «raya el acoso». «Siempre estaré abierto a atender las solicitudes de prensa», ha agregado.

Nicolás Petro también ha anunciado que ha decidido abstenerse «de participar en cualquier tipo de actividad política relacionada con la contienda electoral venidera», así como en las campañas políticas, «hasta ratificar» su inocencia, continúa la misiva.

«En estos días he recibido un linchamiento social y mediático sin precedentes, donde se me ha juzgado y condenado, vulnerado mis derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso, donde personas que consideré amigos y amigas, a quienes tendí la mano, me han dado la espalda. Confío en la justicia y sé que ratificaré mi inocencia ante la misma», ha declarado.

La Procuraduría de Colombia anunció el viernes la apertura de una investigación contra Nicolás Petro, después de que su padre, el presidente del país, solicitara la entrada de la Fiscalía por los rumores de que tanto él como su hermano Juan Fernando Petro Urrego habrían cobrando sobornos para incluir a delincuentes en los procesos de paz que adelanta el Gobierno.

La procuradora general, Margarita Cabello, explicó que tan pronto como supo de las demandas del presidente, decidió abrir una investigación contra el primogénito de este al tratarse de «un servidor público». «Nos corresponde abrir la investigación correspondiente para, después del debate probatorio, tomar la decisión que corresponda», recogió RCN.

El jueves, el presidente Petro sorprendió al emitir un comunicado pidiendo a la Fiscalía que investigara tanto a su hijo mayor como a su hermano ante los rumores de que estarían cobrando sobornos a miembros de grupos armados y narcotraficantes para acogerse al plan de paz total del Gobierno.

Según la que fuera su antigua pareja sentimental, Daysuris Vásquez, Nicolás Petro recibió dinero para su campaña del narcotraficante Samuel Santander, alias ‘El hombre Marlboro’, y dle empresario Alfonso Hilsaca, quien también ha salido al paso negando que hubiera financiado asunto alguno y que por ello presentará una denuncia por difamación ante la Fiscalía.

Cientos de personas se han manifestado este domingo en frente a la base militar francesa de Kamboinsin para reclamar su salida del territorio burkinés.

«Los soldados franceses se resignan a marcharse. ¿Pero qué diablos quiere (el presidente de Francia, Emmanuel) Macron?», ha declarado Ramdé, secretario general del colectivo de líderes panafricanos, antes de invitar a «acelerar la salida sin demora de los soldados franceses», según ha informado el portal de noticias Koaci.

«Salimos a decirle al presidente Macron que llame a sus soldados sin demora para preservar las relaciones fraternales que siempre han caracterizado a los pueblos francés y burkinés (…) Su terquedad en quedarse en nuestro país en contra de la voluntad popular inevitablemente traerá consecuencias lamentables«, ha manifestado.

Asimismo, el grupo de líderes panafricanos ha condenado la actitud de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), ya que considera que está «fuera de sintonía con los nuevos vientos de independencia y soberanía que soplan en el continente africano».

«Mientras Burkina Faso y Malí sufren los horrores del terrorismo y los ataques imperialistas, la Cedeao no ha encontrado nada mejor que hacer que querer aislar y matar de hambre a los pueblos de estos países que no piden otra cosa que vivir en paz», ha explicado Ramdé.

La junta militar de Burkina Faso dio un mes de plazo para la retirada del país de todo el personal militar del país europeo, tras denunciar un acuerdo de asistencia militar firmado en 1961 entre ambos países, durante la etapa colonial francesa.

La ruptura del acuerdo de 1961, que permitía a Francia dar apoyo financiero, militar y formación al Ejército burkinés, lo que incluía la presencia de instructores militares, ha llegado en un momento de tensiones entre la junta y las autoridades francesas.

La operación militar francesa en Burkina Faso concluyó oficialmente el 19 de febrero tras la extinción del acuerdo firmado entre ambos países para la lucha contra el yihadismo en el Sahel, en medio de un distanciamiento de la junta de París y un acercamiento a Moscú.

Burkina Faso está encabezada por Ibrahim Traoré, quien protagonizó en septiembre una asonada que fue considerada un ‘golpe palaciego’ contra el hasta entonces líder, Paul-Henri Sandaogo Damiba. El deterioro de la seguridad en su territorio ha empeorado debido a los ataques tanto de la filial de Al Qaeda como de la de Estado Islámico en la región, la violencia intercomunitaria y los grupos de autodefensa.

El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha afirmado este domingo que los envenenamientos sufridos por alumnas de varios colegios del país, que considera que son «un complot de los enemigos para provocar malestar entre la población, son un crimen de lesa humanidad.

«La nueva conspiración del enemigo para crear miedo en los corazones de los estudiantes, queridos niños y sus padres es un crimen y un acto de lesa humanidad», ha manifestado Raisi en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Irna.

Raisi, que ha enfatizado en la necesidad de investigar los casos y brindar información veraz, ha reiterado que «esta acción es un eslabón más en la cadena de conspiraciones enemigas, que tiene como objetivo crear inflamación en la sociedad e infundir miedo entre los menores».

AUMENTAN LOS CASOS DE NIÑAS ENVENENADAS

Los casos de envenenamiento de alumnas en escuelas iraníes han aumentado, después de que este domingo decenas de estudiantes de la ciudad de Urmía hayan sido ingresadas en el hospital tras reconocer olor amargo y sentir náuseas y mareos, según ha informado el diario ‘Sharq’.

Las personas presentes en el centro educativo, ubicado en el noroeste del país, han explicado que escucharon una breve explosión. «Luego nos sentimos asfixiados (…) Nos dijeron que no era nada grave, pero sentimos que nos estábamos muriendo», han explicado testigos al citado medio.

Por otra parte, el vicepresidente de la Universidad de Ciencias Médicas Ahvaz, en el sur del país, ha anunciado que son 770 las estudiantes que han sido envenenadas en la provincia de Juzestán, de las cuales 500 han recibido el alta tras el tratamiento, 200 están en observación, y el resto han sido recién ingresadas.

Los primeros envenenamientos se denunciaron hace más de dos meses en una escuela ubicada en Qom, capital de la provincia homónima, donde al menos 51 estudiantes tuvieron que ser hospitalizadas por una posible intoxicación por inhalación. Estos casos se han registrado también en otros puntos del país.

Un jefe de estación señalado de provocar el peor desastre ferroviario en la historia de Grecia fue acusado el domingo de homicidio negligente y encarcelado hasta que se lleve a cabo su juicio, y a su vez el primer ministro Kyriakos Mitsotakis se disculpó por cualquier responsabilidad que el gobierno pudiese tener en la tragedia.

Un juez examinador y un fiscal acordaron que debían presentarse varios cargos de homicidio y de lesiones corporales, al igual que de riesgos a la seguridad en el transporte en contra del empleado ferroviario.

Al menos 57 personas, muchas de ellas adolescentes o de poco más de 20 años, murieron cuando un tren de pasajeros que viajaba en dirección norte chocó el martes por la noche con un tren de carga que circulaba en dirección opuesta al norte de la ciudad de Larissa, en el centro de Grecia.

El jefe de estación, de 59 años, supuestamente dio paso a la misma vía a los dos trenes que viajaban en sentidos opuestos. El domingo testificó durante 7 horas y media acerca de los eventos que dieron pie al choque antes de que se le presentaran cargos y se le ordenara que permaneciera detenido.

“Mi cliente testificó con sinceridad, sin temor de que hacerlo lo incriminaría”, declaró Stephanos Pantzartzidis, abogado del jefe de estación. “La decisión (de detenerlo) ya se preveía, dada la importancia del caso”.

Pantzartzidis dejó entrever que otras personas además de su cliente compartían la culpa, señalando que los jueces deberían investigar si más de un jefe de estación debería haber estado trabajando en Larissa al momento del choque.

“Durante 20 minutos, él estuvo a cargo de la seguridad (ferroviaria) en todo el centro de Grecia”, dijo el abogado acerca de su cliente.

La prensa de Grecia ha informado que el sistema automatizado de señalizaciones en la zona del choque no estaba funcionando, lo cual favoreció el error del jefe de estación. Los jefes de estación de esa parte de la línea central de Grecia se comunican entre sí y con los operadores de trenes con radios de dos vías, y los cambios de vías se operan de forma manual.

El primer ministro prometió una pronta investigación sobre el choque, y dijo que el nuevo ministro de Transporte de Grecia presentaría un nuevo plan para mejorar la seguridad. Una vez que se establezca un nuevo Parlamento, se creará una comisión para investigar las malas gestiones de décadas en el sistema ferroviario del país, añadió Mitsotakis.

En una declaración inicial el miércoles, Mitsotakis había dicho que el choque había sido resultado de un “trágico error humano”. Los partidos de oposición criticaron dicha declaración, acusando al premier de intentar encubrir la participación del Estado y de tratar de convertir al inexperto jefe de estación en un chivo expiatorio.

“Les debo a todos, en particular a los familiares de las víctimas, una enorme disculpa, personal y en nombre de todos los que gobernaron el país durante tantos años”, escribió Mitsotakis en Facebook el domingo. “En 2023 es inconcebible que dos trenes circulen en direcciones opuestas sobre la misma vía y nadie se dé cuenta. No podemos, no queremos y no debemos ocultarnos detrás del error humano”.

La policía y los fiscales no han dado a conocer el nombre del jefe de estación, según ordena la ley griega. Sin embargo, Hellenic Railways, también conocida como OSE, reveló su nombre el sábado en un anuncio en el que suspendió al inspector de la compañía que lo nombró al puesto. El jefe de estación también ha sido suspendido.

Medios de comunicación griegos han reportado que el jefe de estación, exmaletero de la compañía ferroviaria, fue transferido a un puesto de oficina del Ministerio de Educación en 2011, cuando los acreedores de Grecia exigieron reducciones en el número de empleados públicos. El funcionario fue transferido de vuelta a la compañía ferroviaria a mediados de 2022 e inició un curso de 5 meses para convertirse en jefe de estación.

Tras concluir el curso se le asignó a Larissa el 23 de enero, según una publicación que efectuó en Facebook. Sin embargo, durante el siguiente mes estuvo rotando entre otras estaciones antes de regresar a la de Larissa a fines de febrero, unos días antes del choque del 28 de ese mes, reportaron medios griegos.

Sindicatos ferroviarios organizaron una protesta el domingo en el centro de Atenas, a la que acudieron unas 12.000 personas, según las autoridades.

Cinco personas fueron arrestadas y siete policías resultaron heridos cuando un grupo de más de 200 individuos enmascarados y vestidos de negro comenzaron a arrojar trozos de mármol, piedras, botellas y bombas incendiarias a los agentes, que iniciaron una persecución a lo largo de una avenida céntrica, lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

En Salónica, unas 3.000 personas asistieron a dos manifestaciones. Varias de las víctimas de los choques eran estudiantes de la Universidad Aristóteles, la mayor de Grecia, la cual cuenta con más de 50.000 alumnos.

La protesta de mayor tamaño, organizada por activistas de izquierda, avanzó hasta llegar a un edificio gubernamental. En ese evento no se reportaron incidentes.

En la otra, organizada por miembros del Partido Comunista en la Torre Blanca, el monumento distintivo de la ciudad, hubo un breve forcejeo con la policía cuando los inconformes intentaron colocar una manta sobre el monumento.

“El Partido Comunista organizó una protesta simbólica hoy frente a la Torre Blanca con el fin de denunciar el crimen de Tempe, porque es un crimen premeditado, un crimen cometido por la compañía y el Estado burgués que respalda a estas compañías”, le dijo Giannis Delis, un legislador comunista, a The Associated Press.

La justicia ecuatoriana ordenó este domingo la presentación periódica del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) en la Corte Nacional de Justicia, en el marco de las investigaciones en el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair.

El juez Adrian Rojas dispuso la presentación cada 15 días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador para Moreno, así como su esposa Rocío y Xavier M.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días en la misma institución, además de pesar sobre ellos la prohibición de salida del país y uso de dispositivos de vigilancia, excepto para Wu Y. para quien se dictó prisión preventiva.

La Fiscalía General del Estado recordó que procesa a 37 personas, entre ellas Moreno, por «su presunta participación en el delito de cohecho: habrían recibido alrededor de 76 millones de dólares -entre 2009 y 2018 en coimas provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair».

El pasado viernes, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, solicitó el arresto domiciliario para Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro.

En la audiencia de presentación de la acusación por cohecho, Salazar consideró necesaria la prisión preventiva para los 37 imputados en el caso, pero la Constitución impide esa medida para los mayores de 65 años, como es el caso de Moreno, su mujer y otros 12 investigados, para quienes pidió el arresto domiciliario.

La fiscal también requirió al juez Rojas, de la Corte Nacional de Justicia, retener e inmovilizar las cuentas de todos los imputados, incluidas las de aquellos que residen en el extranjero, como es el caso de Moreno, que ejerce en Paraguay de comisionado de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad.

SUPUESTOS SOBORNOS

Salazar sostuvo que la empresa estatal china Sinohydro pagó supuestamente sobornos que rondaron los 76 millones de dólares, lo que hicieron que la obra de la mayor central hidroeléctrica de Ecuador se encareciese de los 1.979 millones de dólares a los 2.245 millones de dólares.

En el caso del expresidente y su familia, cifró en 660.000 dólares el supuesto dinero ilícito recibido, de los que 220.000 corresponderían presuntamente a Moreno y a su mujer en forma de una vivienda y muebles.

La fiscal asignó los otros 440.000 dólares restantes a los hermanos de Moreno, Edwin (350.000 dólares) y Guillermo (10.000 dólares), a su hija Irina (50.000 dólares), a sus cuñadas Jacqueline (10.000 dólares) y Martha (15.000 dólares), y a su suegra Aída Graciela (5.000 dólares).

De acuerdo con la tesis defendida por Salazar, el grueso de los supuestos sobornos tuvieron, presuntamente como beneficiarios, a Conto Patiño, amigo del expresidente Moreno, y su familia, con un valor ascendente a los 44 millones de dólares.

La acusación de la fiscal también incluye a dos gerentes de Coca Codo Sinclair y al exembajador de China en Ecuador Cai Runguo, quien en su momento ejercía de representante legal de Sinohydro.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucra a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.

En ese informe periodístico se reveló una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa «offshore» INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía sobre supuestos sobornos cobrados cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador, durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).

Sin embargo, el exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado por la Justicia ecuatoriana por cohecho en otro caso de corrupción.

Con una potencia de 1.500 megavatios, la central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está en el río Coca, entre las provincias amazónicas de Napo y Sucumbíos, y su infraestructura está en entredicho ante la aparición de fisuras en su estructura, incluso antes de que se pusiese en funcionamiento en 2016.