El gobierno de Biden defiende la lentitud de las sanciones financieras contra los políticos y líderes empresariales haitianos, diciendo que el estándar probatorio de Estados Unidos es mucho más estricto que el de la mayoría de los países y que cualquier decisión debe ser corroborada por evidencia.
“Cada país tiene sus propias autoridades legales, lo que puede hacer que sea un poco confuso darle seguimiento de lo que está haciendo cada país”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado en una llamada de prensa el jueves con reporteros sobre el deterioro de la situación en Haití. “Tenemos que traer más evidencia a la mesa y corroborar esa evidencia”.
Estados Unidos ha nombrado públicamente a cinco ciudadanos haitianos, cuatro de los cuales son políticos, cuyos activos han sido congelados o a quienes se les ha prohibido viajar a Estados Unidos, o ambos, como parte de las sanciones financieras. Mientras tanto, Canadá ha impuesto el castigo a 17 haitianos. La lista de Ottawa incluye a dos expresidentes, dos exprimeros ministros y tres empresarios de alto perfil.
Ambos gobiernos han citado presuntos vínculos con pandillas, corrupción o narcotráfico en sus anuncios, aunque la falta de detalles de Canadá ha creado consternación en los últimos días después de que agregó a su lista a un expresidente interino, Jocelerme Privert. Privert gobernó el país entre 2016 y 2017 y había sido elogiado por observadores internacionales por autofinanciar las elecciones presidenciales que llevaron a Jovenel Moïse al poder después de que las elecciones tuvieron que repetirse debido a acusaciones de fraude.
La marcada diferencia en la emisión de sanciones ha sido motivo de debate tanto para los partidarios como para los críticos de las medidas, a las que Washington y Ottawa recurren cada vez más con la esperanza de detener la creciente ola de violencia de pandillas e inestabilidad en Haití.
Extendiendo su control sobre la capital y más allá, las pandillas están cada vez más detrás de una serie de ataques mortales contra policías haitianos, quienes después de la muerte de 14 policías el mes pasado se amotinaron en las calles y abandonaron sus puestos.
Las pandillas también están demostrando que nadie es inmune a los secuestros extorsionadores. En los últimos días, la lista de secuestrados incluye al jefe de protocolo del palacio presidencial y varios médicos. Entre ellos se encuentra un médico que se desempeña como líder de un partido político; el portavoz del ministerio de salud que ha mantenido informados a los periodistas sobre la epidemia de cólera, y la Dra. Geneviève Arty, pediatra y miembro fundadora del Hospital St Damien, de quien no se sabe nada desde su secuestro el 2 de febrero en el camino a Frère en Puerto Príncipe.
“Estamos en una situación en la que la [Policía Nacional de Haití] no puede defenderse ni garantizar la seguridad del territorio nacional”, dijo Samuel Madistin, abogado y presidente de la junta directiva de Fondasyon Je Klere, una empresa de Puerto Príncipe. grupo de derechos humanos “No veo cómo los haitianos pueden salir de esto sin un entrenamiento masivo e intervención de jóvenes soldados en el ejército, una limpieza y refuerzo de la policía, y no podemos hacer eso sin el apoyo de una fuerza internacional”.
En octubre, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, solicitó el despliegue de fuerzas internacionales en el país. La solicitud fue apoyada por EE. UU., autor de una resolución para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y el secretario general de la ONU, António Guterres. La representante de Guterres en Port-au-Prince, Helen La Lime, dijo el mes pasado que la policía no puede abordar la crisis por sí sola. Sus comentarios se produjeron el mismo día en que siete policías fueron asesinados durante tres ataques a su subestación policial en la zona rural del valle de Artibonite.
El miércoles, después de que los agentes de policía ya habían abandonado dos comisarías en la región, incluida una que fue atacada en Liancourt, una tercera comisaría, en L’Estere, fue vaciada después de que la policía ya no pudiera resistir a las pandillas.
“Seguimos preocupados por la situación de seguridad en Haití. Es un desafío tremendo”, dijo el alto funcionario del Departamento de Estado. “No hay forma de minimizar que la situación es crítica, y la comunidad internacional y la política haitiana deben unirse para abordarla”.
También restó importancia a las preocupaciones de que las continuas deserciones en la policía se debieron a un nuevo programa de libertad condicional humanitaria de Biden. Henry les dijo a los líderes de la Comunidad del Caribe la semana pasada que poco después del anuncio del programa el 5 de enero, 600 policías haitianos habían solicitado pasaportes para partir hacia los EE.UU. El jefe del departamento de inmigración del país le dijo al Miami Herald que estimó que al menos un tercio de los los 9,000 miembros activos de la fuerza se irían en función de las demandas de pasaportes que lo llevaron a abrir una oficina de pasaportes separada solo para la policía.
De los haitianos admitidos en los EE. UU. bajo el programa hasta ahora, el funcionario del Departamento de Estado dijo que solo 20 eran miembros de la Policía Nacional de Haití.
Reconociendo que la situación en Haití sigue siendo “increíblemente compleja, desafiante”, el funcionario dijo que Estados Unidos continúa manteniendo conversaciones “con socios potenciales en el hemisferio occidental, África y Europa” sobre el apoyo a la solicitud de ayuda internacional de Haití.
“Pero también hay un gran enfoque en la necesidad de que los actores políticos haitianos se unan de una manera más profunda. Y eso fue parte de la conversación que realmente dominó en Nassau con CARICOM”, dijo el funcionario, refiriéndose a la reunión de líderes del bloque comercial de 15 miembros de la Comunidad del Caribe conocido como CARICOM en las Bahamas la semana pasada.
Algunos observadores esperaban que Canadá, que estuvo representada por su primer ministro, Justin Trudeau, aceptaría liderar el despliegue de tropas en el país. En cambio, Trudeau habló de las agresivas medidas de sanciones de su país y de la asistencia continua a la asediada Policía Nacional.
