El presidente Luis Abinader y el Tribunal Superior Administrativo (TSA) enfrentan críticas por presuntamente no cumplir con la ley que establece la entrega de fondos a la Junta Central Electoral (JCE) para su distribución entre los partidos políticos participantes en procesos electorales.
Esta omisión, según líderes opositores como Roberto Rosario Márquez y Eduardo Jorge Prats, estaría diseñada para dejar a la oposición sin los recursos necesarios para competir en igualdad de condiciones en las próximas elecciones, donde Abinader es candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Por su parte, los partidos de oposición, agrupados en la «Alianza RD» y conformados por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), han manifestado su indignación ante lo que consideran una maniobra para debilitar su participación en el proceso democrático.
Estos partidos reclaman la asignación de más de RD$2,500 millones, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral, como parte de los recursos del presupuesto nacional destinados a financiar la política.
La Junta Central Electoral (JCE) ha respaldado la solicitud de los partidos de oposición, quienes elevaron un recurso de amparo ante el TSA.
Sin embargo, dicho recurso fue rechazado sin que se proporcionaran argumentos que sustentaran la decisión, lo cual ha profundizado la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones gubernamentales.
